En su último año de gobierno, el presidente Luis Echeverría Álvarez recibió por parte de la Universidad de Guadalajara un total y público apoyo a su política educativa, en medio de una oleada nacional de agitación por parte de los sectores más conservadores que se oponían a que se instruyera sobre educación sexual en los Libros de Texto Gratuitos, cuya implementación federal obligatoria y gratuita, había ya levantado ámpulas desde hacía algunos años en varios estados de la República.

Era 1975, en el plano internacional todavía se desarrollaba la puesta en escena de la Guerra Fría y la participación del Estado con políticas de carácter social o impositivas en algo considerado tan privado y personal como la educación, podía interpretarse fácilmente como prueba de que el país se dirigía hacia un gobierno comunista.

En el mismo ánimo se habían reprimido de manera reciente las manifestaciones estudiantiles que amenazaban el desarrollo de los Juegos Olímpicos de 1968 en el país. Luis Echeverría había figurado como Secretario de Gobernación durante dos hechos fundamentales de nuestra memoria moderna: el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971; eventos que a la postre se han convertido en signo inequívoco de nuestro tiempo.

Todo ello llevó a que el presidente en visita oficial en la Universidad Nacional Autónoma de México para inaugurar los cursos de 1975, fuera descalabrado por una turba de estudiantes enojados, que explotaron luego de que éste los llamara fascistas.

En medio de estas polémicas, el Consejo General de la Universidad de Guadalajara convocó a una reunión extraordinaria en la que se presentó el dictamen de la Comisión Educativa con la iniciativa de otorgar al primer mandatario el Doctorado Honoris Causa. La identificación con su persona, sus principios y políticas por parte de una institución educativa como la nuestra, tenía el propósito de legitimar su autoridad y respaldar su figura en esos tiempos difíciles. Quizá debido a su relación íntima y cercana con el ex gobernador del estado y fundador de la Universidad de Guadalajara moderna, José Guadalupe Zuno, al ser su yerno, Echeverría había gozado de gran presencia y estima en la institución que, en aquel 16 abril de 1975, decidió expedirle el dieciseisavo reconocimiento de este tipo. 
 

Para hacerlo, se hizo alusión a sus méritos como “estadista”, caracterizando su obra como “progresista”, destacando su entrega a las “causas populares” y su “actitud humanitaria” que recordaban al gran General Lázaro Cárdenas, al brindar apoyo a los refugiados chilenos como aquel hiciera con los españoles que huyeron del régimen franquista. En el dictamen y los discursos recogidos en el Acta de Consejo 292, se subraya sobre todo “su labor universitaria”, su “ayuda tan amplia, desinteresada y bien encauzada a la cultura del país”; así como la gran deuda y el fuerte compromiso que tenía con él la Universidad de Guadalajara, pues con su apoyo –tanto moral como económico- había “entrado en franco desarrollo y en un progreso” sin precedente.

Con una aprobación unánime, se señaló que se le otorgaba el “máximo reconocimiento honorífico al que puede aspirar cualquier mexicano digno”, no sólo por tener coincidencia “en sus fines con el pensamiento del Presidente Echeverría y en reciprocidad a los beneficios recibidos”; sino también “frente a la agresión estúpida y absurda del estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México”.

La pomposa ceremonia de entrega se realizó el 28 de abril de 1975, en la explanada frente al Paraninfo, entonces sede de Rectoría, de manos del Rector Rafael García de Quevedo. Sin embargo, tal distinción sería retirada tan solo 4 años después, a propuesta presentada en la asamblea extraordinaria convocada de urgencia el 8 de septiembre de 1979; y de nuevo, a instancias de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y la Federación de Profesores Universitarios. 
 

La remoción del Doctorado tenía la intención no sólo de desconocer a Echeverría como miembro de la comunidad universitaria, sino degradar a quien ahora consideraban indigno de tal distinción, indicando que durante su gestión al frente del país se había observado “una paulatina entrega al imperialismo con el desmesurado incremento de la deuda externa”, además de que habían persistido la injusticia social, el asesinato político, el acoso a las universidades progresistas y la libertad de los mexicanos era coartada continuamente. Señalamientos que fueron acompañados de la denuncia de que tal reconocimiento había sido no nada más “indignamente solicitado”, sino “presionado y exigido”, sin “justificación o mérito académico”, “arrancado con bases de chantaje” por un “tirano” que llevó la nación a la ruina, producto de “la inmensa y soberbia vanidad de un funesto ególatra”. Ante estas razones, la propuesta se consideró justa y sobre todo digna.

Tan sólo cinco meses después de que le hubiera sido entregado el reconocimiento, había sido ultimado el fundador de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara y guía ideológico de la universidad, con lujo de violencia, a mitad del día y en plena calle. Y el pleno del Consejo consideró que con el asesinato de Carlos Ramírez Ladewig, se había intentado lesionar de manera mortal a nuestra universidad, y que no desconocer a Luis Echeverría ponía en riesgo el futuro y honor tanto de la FEG como de la institución, que quedarían a la sombra de la cobardía y la deshonestidad. Así que la petición de “desdoctorar” a Echeverría, fue presentada también como una denuncia que pretendía exigir justicia ante el asesinato político de Carlos Ramírez Ladewig y a la vez, reivindicar la figura de este último, pues se solicitaba que el Honoris Causa se le otorgara en cambio a él. 

En la tribuna del Consejo General Universitario se señaló a Luis Echeverría como “traidor”, “asesino”, el “autor intelectual y responsable histórico del crimen político de Carlos Ramírez Ladewig”, y se le atribuyó responsabilidad no sólo moral, sino política, por su “negación sistemática” para esclarecer el asesinato ocurrido el 12 de septiembre de 1975, apelando a que “la pasividad era complicidad”. Los resultados de las investigaciones oficiales que apuntaban a las FRAP como las culpables, no convencieron a las autoridades universitarias, y menos a su hermano Álvaro Ramírez Ladewig, que se había quedado al frente de la FEG y a quien le dieron voz en esta sesión, en dónde exigió una investigación que verdaderamente esclareciera quienes fueron los criminales, así como los autores intelectuales del artero crimen. A cinco días de cumplirse el cuarto aniversario luctuoso, en el Acta de Consejo 311, se aludió al desinterés negligente de las autoridades, a su complicidad encubridora y a la obstaculización de las corporaciones de seguridad pública.

Finalmente en una ceremonia realizada en el Auditorio Salvador Allende del entonces Instituto de Ciencias Ciencias Sociales y Humanidades, el 12 de septiembre de 1979, la Universidad de Guadalajara privó de los privilegios y honores concedidos, cancelándose por unanimidad de autoridades, profesores y alumnos, la inscripción que le otorgaba el Doctorado Honoris Causa al licenciado Luis Echeverría Álvarez; y luego fue entregado post mortem a Carlos Ramírez Ladewig. 

Y quizá todo ello también reflejaba la nueva distribución del poder que desde hacía algunos años había comenzado a gestarse al interior de los grupos de la universidad, en donde la ideología y figura de su fundador José Guadalupe Zuno Hernández, ya mayor y a punto de fallecer, así como la influencia y participación de sus hijos en las organizaciones de base universitarias, comenzaron a ser relegados. 
 

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