Un momento de crisis

Las actas de las sesiones del Consejo General Universitario, conforman uno de los principales documentos que se encuentran resguardados en las arcas del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara. En ellos se resumen los asuntos políticos, académicos y administrativos que se han discutido durante la vida de la Institución. En su mayoría, dan cuenta de las reformas a los planes de estudio que se han realizado a lo largo de los últimos 100 años, en los intentos por adaptarse a los cambios y necesidades sociales y tecnológicas. Además de muchos otros asuntos que pueden ir desde los nombramientos, revalidaciones, incorporaciones, regularizaciones… hasta la asignación de presupuestos y becas. 

Estos legajos por lo general son cortos y contienen pocas fojas de extensión; salvo cuando se le adjuntan los documentos que se presentaron y discutieron en la sesión. Por lo que la mayoría de las veces -como investigador- te quedas con la duda sobre cuáles fueron los hechos que se juzgaron en aquella plena asamblea; o cuáles los argumentos que se sostuvieron en aquel máximo recinto universitario. Esto con frecuencia ocurre cuando se trata de actos de indisciplina y altercados. 

Por ello, cuando estos documentos en apariencia tan aburridos por su monocromía y falta de imágenes, reproducen largamente apasionados discursos, se convierten en vórtices que nos permiten asomar la cabeza a un episodio de la historia universitaria jalisciense que se consideró digno de dejarse por escrito con la mayoría de información posible. Es decir que, de cierta forma, las actas de sesión nos preservan ecos de aquellos años, sobre los asuntos políticos y sociales que más resonancia tuvieron al interior de la Comunidad Estudiantil.

Tal es el caso de la sesión del 2 de marzo de 1979, la cual se dejó permanente y continuó por 4 sesiones más durante el 12 de marzo, el 2 de mayo y el 13 de junio del mismo año. En sus casi cien fojas en total, se preservan prolongadas y acaloradas discusiones, en las que no se abordó nada de lo cotidiano, sino una cuestión muy particular, como lo fue una balacera al interior del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.

El hecho mismo, a través de la sección de crimen del periódico local El Informador, parece ser uno más de los tantos episodios violentos que se vivían por toda la urbe, en tiempos de grandes robos e inicios del narcotráfico; así como de guerrillas urbanas y Guerra Fría. Sin embargo, al interior de la Universidad de Guadalajara, éste fue vivido como algo sin precedentes en toda la historia de la Casa de Estudios por la irrupción de grupos armados no identificados haciendo uso de armas de alto poder que pusieron en peligro a estudiantes, trabajadores y profesores de las Facultades de Economía, Filosofía y Letras, Derecho y Comercio; violando la autonomía universitaria. Por tanto, se exigió que se esclareciera qué corporación fue responsable de la agresión.

Pero el problema no fue el hecho en sí, sino las explicaciones que sobre éste dio el Gobernador y, sobre todo, las declaraciones que brindó el delincuente y que fueron publicadas en la prensa. En ellas se desestimaba la agresión señalando una probable riña entre narcotraficantes, pues se negaba la actuación de fuerzas oficiales; y se vinculaba a la Federación de Estudiantes de Guadalajara con actos delictivos. Lo que se consideró una afrenta moral y una maniobra política con la que se intentaba involucrar y desprestigiar tanto a la organización estudiantil como a la Universidad en sí misma.

De fondo se encuentran los problemas entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno por el presupuesto; los encontronazos entre la Federación de Estudiantes de Guadalajara, las autoridades y la sociedad civil y sindical, en medio del aumento a la tarifa del transporte. Así como la llegada a la Gubernatura del Estado por parte de Flavio Romero de Velasco; mal recibido por los Universitarios por su formación y procedencia foránea, sus relaciones con grupos contrarios, por considerarlo impuesto y por su mano dura. Estos conflictos y desacuerdos habían llevado a que en Guadalajara se viviera un gran clima de tensión e animadversión. Y a que en la Universidad se percibiera como un momento de crisis.

Por todos estos motivos, el máximo órgano de la Universidad, el Consejo General Universitario alegó más un daño moral que uno físico; lo que le permitió negociar espacios de discusión con las autoridades federales y estatales, mientras reforzaba la identidad y cohesión universitaria a través de diversas formas de protesta bajo la consigna “Estoy en lucha”. Para hacer una presencia constante en la calle, los universitarios transformaron la Plaza de Armas en aula durante varios días, y culminaron con una manifestación masiva en la que se erigió la “Dignidad” como bandera. En ella, por primera vez se convocó a estudiantes, maestros y trabajadores, reuniendo a más de cien mil universitarios; y esta movilización se realizó de manera simultánea en Guadalajara, Autlán y Ciudad Guzmán. 

Esta serie de acciones consiguieron que el Gobierno Federal realizara una investigación acuciosa, que resolvió que quien intervino en la persecución que originó el conflicto, fue una comisión coordinada en contra el narcotráfico, integrada por elementos de la Policía Federal de Seguridad y de la Policía Judicial Federal. Además, obtuvieron por parte de las autoridades federales el reconocimiento, apoyo y simpatía a la labor académica, social y administrativa sustentada en principios revolucionarios de la Universidad de Guadalajara; así como la ratificación de la voluntad política del Gobierno Estatal, para apoyar e impulsar las actividades académicas y demandas económicas de la Institución. Con lo que se dio fin a la polémica, tanto de forma, como de fondo.

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