A partir de los documentos actualmente digitalizados del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, es posible ubicar el origen del actual Bufete de Servicio Social en los albores de la disputa por la orientación ideológica de la educación en las universidades mexicanas, que desembocó en la clausura de la máxima casa de estudios tapatía a finales de 1933 y luego entre 1935 y 1937.

A partir de 1932, en el informe anual que brinda el Rector de la Universidad de Guadalajara desde 1926, la Facultad de Jurisprudencia comienza a reportar la existencia de un Bufete dentro de sus actividades concretadas, al que se le dotaron de muebles, útiles y obras de consulta. Aunque parece que, en medio de los conflictos políticos, educativos y sociales, el tema no avanzó mucho, pues en el informe de 1934 se registró la misma información.

Por esos confusos años, la papelería universitaria conservada da cuenta de que las intenciones del llamado “Bufete del Estudiante”, son “poner al servicio de los obreros y personas necesitadas la práctica de los estudiantes de Jurisprudencia”. Esto con una triple intención: eficientar los estudios prácticos de los alumnos, crear un mayor vínculo entre la universidad y el pueblo; y que los universitarios adoptaran como obligación moral el ser útiles a la colectividad. Este mismo espíritu popular que le confirió su origen revolucionario puede verse en la creación de un Dispensario Público para ayudar a las clases desvalidas en la Facultad de Farmacia, y otro en la Escuela de Odontología. Los tres prestaban servicios gratuitos a los necesitados, menesterosos y desvalidos.
 

Hacia 1933 un documento que ostenta las reformas a las bases del Bufete del Estudiante, nos hace saber cómo se organizó en sus orígenes esta dependencia, y que fue creada a instancias de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Puesta bajo la dirección de la Sociedad de Estudiantes de Jurisprudencia y de la propia Facultad, la misma organización estudiantil fue la encargada de formular el reglamento interno. Sin embargo, bajo la Dirección General de Estudios Superiores que organizó la educación socialista que se impartió en el estado a partir de 1935, la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente (FESO), fue la que continuó con el impulso para establecer el Bufete del Estudiante, destinado a ayudar a los obreros y campesinos en sus conflictos de carácter legal; designando su comité central a los comisionados encargados de formular el proyecto de reglamento en abril de 1937. Ocho meses más tarde, a finales de ese mismo año, se restauraría la Universidad de Guadalajara; y por lo que atestigua la foto de Constancio Hernández Alvirde, entonces rector, el proyecto no cayó en el olvido, pues tan pronto como 1939 el para entonces llamado Bufete de Servicio Social era ya una realidad que operaba con al menos una cincuentena de jóvenes estudiantes de derecho, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, desde el edificio del Paraninfo.

Si bien la preocupación por asistir a los más pobres en la búsqueda de justicia por motivos humanitarios, religiosos o caritativos aparece desde la Edad Media; teniendo en figuras como los Reyes Católicos ejemplo de ello o reduciéndose a una práctica limitada a esfuerzos personales de los profesionales del derecho por caridad cristiana. Más tarde, durante el siglo XIX, fueron instrumentalizados en las Constituciones y legislaciones de los nacientes Estados servicios de defensoría jurídica gratuita, dando origen a los procuradores de pobres, proveídos y solventados por el propio Estado. Pero insertar este servicio como parte sustantiva de las tareas de extensión de las universidades, debe ubicarse dentro del pensamiento popular revolucionario.

 En medio de la inestabilidad política que aún reinaba en el país hacía la década de los treinta, los estudiantes mexicanos organizados y politizados tuvieron influencia en que se reformaran tanto la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México; como la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. La primera publicada en julio de 1929, y la otra en noviembre de 1930, incluyeron por primera vez las tareas de extensión universitaria como fin esencial de la Universidad, que pone la institución al servicio del pueblo más allá de las aulas. Al amparo de esta idea fue que se impulsaron tanto los bufetes jurídicos, como los consultorios médicos gratuitos, así como los cursos de alfabetización y de educación para los obreros en ambas instituciones.
 

Para 1964 el Bufete del Servicio Social de la Universidad de Guadalajara se integraba por tres dependencias que funcionaban a la par que la instalada dentro de la Facultad de Derecho, en el Palacio de Justicia y dentro de la Penitenciaría del Estado. Llegando a contarse hasta ocho oficinas hacia los años noventa, que atendían asuntos en materia civil, penal y agraria; con presencia en Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan. Hoy los Bufetes Jurídicos dependientes de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con dos oficinas que atienden más de cinco mil consultas al año, representan uno de los programas más exitosos de vinculación en apoyo a la sociedad, al brindar asesoría legal a los sectores de la población más vulnerables en asuntos de índole civil, familiar, mercantil, administrativo y de mediación.

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